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La Responsabilidad de la Cámara frente a la Ley de Arrendamiento Inmobiliario

El sentido de la responsabilidad y de aportar toda nuestra experiencia y nuestro amor por el país nos llevo a sumarnos a una iniciativa que comenzó el pasado 2 de junio, en la Plaza Altamira de Caracas;  a formar parte de una discusión que recorrió diversos puntos de la geografía nacional. Cuando se abrió el debate en la Asamblea Nacional y se convocó, abiertamente, a todos los sectores del país para trabajar en lo que hoy se ha denominado la nueva “Ley de Regularización y Control de Arrendamientos Inmobiliarios”, nos hicimos presentes. Sin duda ha sido uno de nuestros nortes como gremio: ser parte de las soluciones.

 

Largas jornadas de trabajo caracterizaron la discusión, en cada uno de los aspectos que considerábamos inconvenientes, dentro del proyecto de ley, para los venezolanos.  Tratamos de darle una visión equilibrada para evitar la minusvalía jurídica del otro. Muchas de nuestras ideas pasaron desapercibidas, paradójicamente, en una institución que nos abrió las puertas para escucharnos.

 

El resultado de nuestra incorporación en la discusión ha sido una ley que, de ser aprobada, tendrá un impacto negativo en todos los venezolanos, no sólo en los que hoy tienen una vivienda alquilada y han conseguido con ella algún aliciente  temporal, sino todos aquellos que hoy carecen de una vivienda, aquellos que tienen planificado buscar su hogar propio, estudiantes del interior del país que van a las principales ciudades, e incluso los que sin saberlo hoy necesitarán arrendar mañana. La solución al problema de la vivienda no es un marco jurídico que nuevamente limite el desarrollo de viviendas en Venezuela, y por ende, a todos aquellos actores que trabajan en pro del desarrollo inmobiliario.

 

Todo cuanto propone la Ley de Regularización y Control de Arrendamientos Inmobiliarios, deja de lado el problema real de los casi 3 millones de familias que esperan acceder a una vivienda que no obtendrán ni siquiera en el largo plazo, sin un trabajo conjunto ente el Gobierno y las empresas, profesionales e instituciones vinculadas tradicionalmente con la construcción y promoción de viviendas en el país. Este incremento en el déficit, registrado por la Gran Misión Vivienda, lamentablemente se aleja aún más de la meta propuesta para subsanar este problema.

 

Esta propuesta legal que hoy está a punto de convertirse en otra referencia dentro del estamento de leyes venezolano, será acatado en el marco de la convivencia con el Estado, y como respuesta seria y responsable de un gremio que no avala la ilegalidad, pero ello no significa que dejaremos de expresar nuestro punto de vista y hacer valer nuestras ideas sobre lo que efectivamente resolverá el problema de la vivienda en Venezuela.

 

Mientras tanto seguiremos luchando por resolver el problema que hoy nos aqueja como venezolanos, por asegurar a nuestras empresas y profesionales del sector nuevas propuestas que garanticen su desarrollo, y en este sentido nos sentimos en la obligación de instarlos a que nos acompañen en esta cruzada, sus ideas y esfuerzos serán bien recibidos, queremos trabajar con ustedes y con el pueblo venezolano.