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Cámara Inmobiliaria fijó posición ante actuación del TSJ

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela fija posición ante la política de desmembramiento de la democracia, de sus poderes y de sus Instituciones. Debe restaurarse a la brevedad, el orden controvertido retomándose la vía constitucional y permitiendo que la expresión popular se manifieste

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó sendas sentencias, la primera de ellas el 27 de marzo de 2017 que corresponde a la decisión de un recurso de nulidad introducido cinco días antes por integrantes del PSUV, la segunda de fecha 29 de marzo de 2017, responde a un Recurso de Interpretación interpuesto un día antes, por apoderados judiciales de la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP). El texto dispositivo de las sentencias expeditas contempla entre otras cosas, la sustitución de la Asamblea Nacional por parte de la Sala Constitucional en el ejercicio de las competencias parlamentarias, también se ordena al Presidente de la República ejercer las medidas internacionales que considere para salvaguardar el orden constitucional y restringe de manera casi absoluta la inmunidad parlamentaria.

Estas dos decisiones del Poder Judicial en connivencia con el Ejecutivo Nacional responden a una política sistemática de anulación de la Asamblea Nacional cuyos integrantes fueron electos democrática y mayoritariamente en diciembre de 2.015. El acto definitorio de eliminación del Poder Legislativo contenido en estas dos decisiones, es el corolario de un proceso continuo que acumuló un total de 56 sentencias dictadas en contra de la Asamblea Nacional en apenas catorce meses de ejercicio, donde se fueron declarando inviables por supuesta inconstitucionalidad cada una, de las diferentes actuaciones de la Asamblea Nacional.

La publicación de estos fallos finalmente ejecutan y constituyen sin lugar a dudas, una fractura del hilo constitucional, tal como lo ha manifestado la Fiscal General de la República, al concentrarse en el Poder Ejecutivo y sus organismos adlateres, todas las competencias del Estado, desconociendo de manera reiterada la voluntad popular e incumpliendo preceptos constitucionales fundamentales. Esta extraordinaria crisis política en concurrencia con la severísima situación económica marcada por la inflación más elevada del mundo, ha ido edificando el camino a la mayor crisis social que hayamos vivido en la era republicana.

Pronunciamos nuestro contundente rechazo a esta política de desmembramiento de la democracia, de sus poderes y de sus Instituciones, debe restaurarse a la brevedad el orden controvertido, retomándose la vía constitucional y permitiendo que la expresión popular se manifieste, solo de esta forma se empezará a recuperar la confianza y con ella comenzarán a revertirse los efectos nocivos de estas políticas en todos los sectores socio-económicos del país.

Prensa de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, 31 de marzo.