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Crisis eléctrica y falla en suministro de materiales amenazan al sector inmobiliario
El sector inmobiliario se ve acorralado entre el nuevo proyecto de ley de vivienda y las fallas eléctricas y de suministro de materiales. La primera establece estrictos plazos de culminación de la obra; los segundos impiden el cumplimiento de los plazos.
El proyecto de ley de preventa de viviendas en construcción o por construirse, aprobado en primera discusión por la Asamblea Nacional, representa una amenaza al sector inmobiliario debido a los múltiples obstáculos con los que éste se encuentra a la hora de culminar los proyectos.
Plazo o intervención
El artículo 5 del proyecto de ley establece que en el contrato de preventa de vivienda debe establecerse la fecha de culminación de la obra. Aunque el artículo admite prórrogas, también especifica que el lapso no puede excederse de los 24 meses luego de la firma del contrato de preventa.
Igualmente, según el artículo 8, la fecha de culminación se debe acordar en consenso con los compradores, y el artículo 9 prevé que, si la fecha de culminación no es establecida, el Ministerio de Obras Públicas y Vivienda puede intervenir en la situación para estipular dicho plazo.
Por último, el artículo 20 del mencionado proyecto establece que, si la constructora no pudiese culminar la obra en el plazo establecido por "incapacidad, gerencial, técnica o financiera", los "organismos competentes" están en capacidad de intervenir la obra y designar al personal que consideren pertinente para culminarla.
Por tanto, la obra que se demore más de 24 meses, será intervenida. Sin embargo, el contexto actual dificulta a los encargados de la construcción establecer -y cumplir- plazos precisos.
Acorralados
Francisco Neri, presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), denuncia que los constantes apagones en el interior del país ocasionan retrasos en el cumplimiento de las obras.
"Hay estados del país en los que la luz se va hasta tres veces al día", señala Neri, preguntándose cómo las constructoras pueden rendir en un horario laboral de 8 horas cuando la energía eléctrica falta hasta seis horas al día.
El dirigente del sector inmobiliario nacional también señaló otro grave problema en el cumplimiento de plazos de construcción. La red de suministro de materiales en el país es deficiente, así que muchos proyectos se han visto paralizados por no contar con insumos.
Ignorados
La CIV también denunció que, dentro del "Parlamentarismo social de calle" que impulsa la Asamblea Nacional, las propuestas de la cámara fueron escasamente tomadas en cuenta a la hora de discutir este proyecto de ley.
Ante las dificultades previamente planteadas para la culminación de las obras, el organismo inmobiliario planteó la posibilidad de añadir excepciones a los plazos en caso de apagones y escasez de materiales de construcción. La sugerencia no fue tomada en cuenta.
Vivienda devaluada
El proyecto de ley también establece regulaciones a la hora de establecer los costos de las viviendas.
El artículo 16 del mencionado proyecto establece que, para calcular el costo de la vivienda se deben tomar en cuenta el "valor actual del terreno sobre el cual se edifica la vivienda; costo total de la obra, incluyéndose tanto los insumos como las erogaciones por mano de obra, mercadeo, impuestos, tasas y contribuciones; costos financieros de los préstamos que reciba el productor de vivienda para hacer la construcción" y la "utilidad legítima del productor de las viviendas por su actividad empresarial".
Sin embargo, el "valor actual" del terreno y los materiales es relativo.
El presidente de la CIV explica que "no sabemos cuánto va a ser la inflación en el primer año ni en el segundo". Por ello, los costos calculados al inicio de la obra pueden aumentar considerablemente, mas es ilegal añadir un porcentaje basado en estimaciones.
Igualmente, la inflación es un factor determinante en la rentabilidad de las obras desde la eliminación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por último, la ley establece en su artículo 17 que "en ningún caso el comprador de la viviendas en proceso de construcción o aún no construidas (sic) en la Preventa, soportará el impacto económico derivado del retraso o la mora en la culminación o entrega de la obra".
Por tanto, el sector inmobiliario no podrá calcular recargos previendo cortes eléctricos o falta de materiales. Tampoco se contempla alguna figura gubernamental que ayude al sector a recuperarse de las pérdidas que se generarán por la deficiencia de dicho servicio.
Fecha: 09-02-2010
Fuente: El Nacional
